Muro No. 90

Dineros huérfanos y la trampa de la autonomía inversa

Hay recursos públicos que nadie defiende con convicción porque, en el fondo, demasiados creen tener derecho a apropiárselos. A esos recursos los llamo dineros huérfanos. No porque carezcan de dueño legal -lo tienen: la sociedad-, sino porque han sido capturados por redes clientelares que operan bajo una condición más profunda y peligrosa: la desinstitucionalización. En ese terreno fértil florece lo que puede denominarse autonomía inversa: un sistema en el que la autonomía no protege a la universidad del poder político, sino que la blinda para que ciertos poderes se la apropien.

La Universidad del Pacífico es hoy un caso paradigmático de esta patología. Desde la desaparición del rector fundador, la institución ha transitado una historia marcada por maniobras políticas, intervenciones ministeriales y disputas internas que han erosionado su estabilidad y su sentido misional. El resultado no ha sido la defensa de la autonomía universitaria, sino su vaciamiento progresivo.

En este contexto, un grupo de estudiantes —inicialmente instrumentalizados— ha vivido una acelerada politización. Han aprendido rápido. Han identificado micropoderes que operan bajo una lógica tan cínica como efectiva: “ya tenemos los resultados, ahora solo faltan las elecciones”. Es la inversión cuadrada de la democracia universitaria. La reciente ruptura de alianzas hasta entonces intocables y la exposición de nombramientos jurídicamente frágiles han dejado al descubierto la precariedad del actual gobierno institucional.

La secuencia es elocuente. La destitución de Ruth Sánchez por parte del Ministerio de Educación; la fugaz designación de Caicedo Cerezo; la encargatura de Eliecer Candelo; y, finalmente, la anulación de un proceso electoral que avanzaba -aunque no sin tensiones- arrastraron consigo al propio Consejo Superior Universitario. Paradójicamente, estas decisiones revelan el conocimiento profundo que el Ministerio tiene de la universidad, apoyado en funcionarios de carrera de un gobierno que es amigo de la educación. Sin embargo, desde ciertos sectores internos de la universidad, se intenta instalar la idea de que el Ministerio es hoy el principal culpable del caos, como si la crisis no tuviera historia ni responsables internos.

Y la historia pesa. El relevo del rector fundador por Carmela Quiñonez, luego Florencio Candelo Estacio, después una cadena interminable de rectorías encargadas, hasta la llegada de Hugo Tobar como rector en propiedad, y el ingreso vía tutela de Félix Suárez -posteriormente destituido- y nuevamente una seguidilla de rectores encargados hasta la elección final de Arlin Valverde, éste recibió una universidad entera y la entregó fragmentada, reproducen siempre el mismo patrón: votaciones neutralizadas, votaciones endosadas, paros prolongados, la cancelación de un semestre y una resistencia casi instintiva a cualquier reforma que amenace la endogamia administrativa y docente, y el control financiero de los micropoderes. Incluso, cuando se lograron avances -como la duplicación del presupuesto o el primer concurso docente por méritos-, estos fueron parcial o totalmente bloqueados.

Los estudiantes que hoy lideran el paro ya no son los mismos de antes. Después de cerrar la universidad y tomar las instalaciones del Ministerio en Bogotá, y demostrar que manejan información clave y entienden mejor de lo que muchos suponían las reglas reales del juego, sin embargo, el problema para este grupo y quienes lo alientan, es que el resto de estudiantes y docentes ya entienden de la cosa. El andamiaje construido alrededor de Ruth Sánchez, sus consejeros y su red académica-administrativa se vino abajo. Sin embargo, como están las cosas, con la idea de las mesas de trabajo de este grupo, con representantes del MEN, sería un error forzar los hechos por intereses distintos a la preservación de los equilibrios institucionales, o sea, los del macropoder. En un sistema de autonomía inversa, eso es imperdonable, y los costos los pagan los estudiantes, profesores y administrativos, con atrasos académicos y administrativos, fuera de la perdida continua del ya precario prestigio institucional de la Universidad del Pacífico, en la nación y la región.

Hoy la universidad está atrapada en un ciclo de inestabilidad crónica: la protesta ocupa el lugar de la deliberación, el enemigo siempre es externo y los cambios estructurales se aplazan indefinidamente. No se trata de una conspiración extranjera ni de una persecución política. Es el resultado de una cultura política aprendida, reproducida y normalizada por quienes participan de ella, muchas veces sin plena conciencia.

El momento actual es especialmente grave. La restitución de Eliecer Candelo vía tutela, el desacato del presidente del CSU, la implicación directa del Ministerio y del propio ministro de Educación, y la coexistencia de fallos judiciales contradictorios tratan de configurar una tormenta perfecta, no empero, la sabiduría del Tribunal Superior de Buga, ha fallado en probidad, revocando la sentencia y, conminando al Juez Segundo Civil del Circuito de Buenaventura, dejando en pleno, la segunda designación del rector Edinson Caicedo.

En estos procesos que incluyen apropiaciones ilegales de los derechos de profesores y administrativos, el clientelismo muestra su rostro más nocivo: usar los estrados judiciales no para ordenar, sino para envilecer; no para resolver el conflicto, sino para prolongarlo, mientras se levantan cortinas de humo que intentan ocultar los informes de la Procuraduría y Contraloría.

El problema de fondo no es solo la suma de irregularidades, sino la normalización del desorden como forma de gobierno. La Universidad del Pacífico corre el riesgo real de perder su capacidad de autorregulación, deliberación democrática y orientación académica, sustituidas por la lógica de la captura permanente del poder con el objeto de acceder a la adopción de los dineros huérfanos.

Los riesgos han sido subestimados. Si la situación persiste, la cancelación del semestre 01‑2026 es una posibilidad relativa en Buenaventura y una posibilidad crítica en las regiones, con efectos inmediatos sobre los contratos docentes. Ha sido un grupo de profesores sindicalizados quienes han liderado este tóxico proceso, pero resulta más inquietante el silencio del resto del profesorado y de los cientos de estudiantes que no asisten ni a clases ni a reuniones. En muchos casos éstos últimos, porque no pagan matrícula y el costo del caos no se percibe como propio. En otros, por prudente silencio. Entre los docentes, aflora una lógica igualmente corrosiva: el salario llega, se trabaje o no, y la responsabilidad siempre es del otro o los otros.

La sensación es clara: estamos matando la gallina de los huevos de oro. El presupuesto se drena mediante reglamentos internos y contrataciones exprés, mientras el decreto de formalización laboral del actual gobierno se vuelve impracticable y se aplaza, quizá, hasta el próximo mandato.

Dejar de concebir la universidad como botín político y simple devengadero es tarea difícil. Hace años se decía, medio en broma medio en serio, que bastaría con que el Ministerio dejara de pagar un mes de salario para que todos pidieran al unísono la intervención total. La pregunta es inevitable: ¿estamos llegando a ese punto?

Salir de este laberinto exige romper el ciclo de la autonomía inversa. Restituir el Estado de derecho universitario. Blindar los procesos electorales. Transparentar radicalmente el manejo de los recursos. Eliminar temporalmente las elecciones de rector mientras duren las medidas de intervención y escalar dichas medidas. Realizar concursos de méritos blindados; auditar la nómina externa y aplazar la autonomía hasta que exista la capacidad real de controlar la anarquía inducida.

Solo entonces será posible transformar el caos en institucionalidad y la protesta permanente en un proyecto universitario compartido, a la altura de la misión pública que la sociedad le confió a la Universidad del Pacífico.

De dejar pasar estas delicadas situaciones sin tomar postura, puede implicar la creación de una rectoría paralela en una universidad usurpada, y, de continuar estas intrusiones del micropoder, por encima del verdadero macropoder, tendríamos entonces, una universidad sin estudiantes y un rector para los edificios vacíos…

Esto no lo sabíamos del todo, por eso quería escribirlo.

 

Hernán Ordóñez Valverde

Profesor

Universidad del Pacífico

Buenaventura